APPU se moviliza a Fortaleza a solicitar del Gobernador de PR detener los recortes a la UPR y asegurar su permanencia

 

El pasado miércoles 13 de febrero, el Presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Javier Córdova Iturregui, entregó una carta abierta al Gobernador de Puerto Rico solicitando que devuelva a la Universidad de Puerto Rico los fondos públicos que le quitó y que enmiende el Plan Fiscal del Gobierno para detener los recortes al primer centro docente del país. El Dr. Córdova explicó que la reducción dramática de los fondos causó que desde mayo de 2017 la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) requiriera información a la UPR sobre su situación financiera y el impacto del plan de reestructuración propuesto por la Junta Fiscal. Finalmente, el 10 de enero de 2019, la MSCHE amenazó con quitarle la acreditación a la UPR a menos que demuestre que cuenta con los recursos financieros para cumplir su misión y tomará decisiones en su reunión de marzo de 2019.

Ante la gravedad de la situación, la APPU convocó a una seria de vigilias en defensa de la Universidad Pública con un doble propósito. Por un lado, alertar a la ciudadanía del grave peligro que significa perder la acreditación y la posibilidad real que amenaza de muerte al principal centro docente del país. Por otro lado, la vigilia, también es para reclamar al Gobernador de Puerto Rico que cumpla su deber ministerial y le restituya los fondos a la UPR en cumplimiento con la Ley 2 de 1966.  Es él quien tiene la principal responsabilidad de defender la Universidad pública y asegurar los recursos que garanticen su existencia.

El Dr. Córdova explicó que los dramáticos recortes impuestos a la Universidad de Puerto Rico por el Gobierno y por la Junta de Control Fiscal son la razón por la cual la Middle States ha colocado a nuestra Universidad pública a un paso de perder la acreditación. Perder la acreditación significa perder los fondos de becas y préstamos estudiantiles, los fondos de investigación, perder otras acreditaciones y eventualmente la desaparición de la Universidad pública; dejando sin futuro a miles de jóvenes y sin empleo a miles de trabajadores y trabajadoras. No podemos darnos el lujo de permitir que una nueva decisión adversa a la UPR acabe con el proyecto social más importante del país. La forma más segura y contundente de salir de este reto es la restitución de los fondos que se le han quitado a la Universidad.

El Presidente de la APPU hizo un llamado a los once rectores de la UPR a que asistan a la audiencia de la MSCHE en marzo de este año y presenten evidencia de que tienen el dinero para seguir operando. Esto requiere que el Gobernador haya restituido los fondos a la Universidad y así demostrar que su estabilidad financiera está asegurada. Córdova puntualizó que no hacerlo es darle la espalda a la UPR y tendrá graves consecuencias para el país.

La UPR es una universidad de excelencia probada que ha educado a cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, desarrollado investigaciones de importancia mundial y que presta variedad de servicios al país a través de sus centros de prácticas, aseguró el Presidente de la APPU.

El Dr. Córdova concluyó haciendo una invitación a las familias de estudiantes universitarios de la UPR, así como a los egresados a sumarse todos los miércoles de 4:30 a 6:30 PM a las Vigilias: Unamos voces por la UPR para que el Gobernador de PR detenga los recortes y le asigne a la UPR los fondos que por Ley le corresponden y asegurar así su acreditación y permanencia para las futuras generaciones. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a que exija a sus legisladores y alcaldes que defiendan los recintos universitarios y reclamen que se asigne el dinero a la UPR.

                                                                                                                                  

“LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PERMANECERÁ ABIERTA Y CONTINÚA ACREDITADA”,

“LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO PERMANECERÁ ABIERTA Y CONTINÚA ACREDITADA”,

REITERA ENFÁTICAMENTE SU PRESIDENTE

En respuesta a la noticia publicada hoy miércoles 7 de febrero por Inter News Service con el título “Con plan de cierre terminal los recintos universitarios”, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Jorge Haddock aclaró que “la Universidad de Puerto Rico permanecerá abierta y continúa acreditada”. Dicho artículo -totalmente fuera de contexto- ignora de manera crasa la verdadera petición hecha a la Universidad de Puerto Rico de parte de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).

“Es totalmente falso que la UPR vaya a ejecutar un plan de cierre. Llevamos 115 años educando al pueblo puertorriqueño y así seguirá siendo”, dijo enfáticamente el doctor Haddock. “La petición de un ‘teach out plan’ es parte rutinaria del proceso de “show cause” de la MSCHE. Esto ya lo he aclarado públicamente, y reitero que no significa que la Universidad vaya a cerrar. Ninguna agencia acreditadora tiene la facultad de ordenar el cierre de la UPR”, puntualizó. El informe no es público, ya que la MSCHE no autoriza la divulgación hasta concluir el proceso.

Ante los alegatos de “debilidad financiera” en la Universidad, el presidente señaló que “la verdad es que actualmente los ingresos de la institución superan los gastos incurridos. Las unidades se encuentran en el proceso de elaboración del presupuesto para el año entrante, que incluirá un fondo de emergencia para atender cualquier eventualidad”.


Asimismo, el doctor Haddock dijo que, “mientras la nota alega que no ha trascendido el contenido de los estados financieros, lo cierto es que los mismos fueron publicados en el portal de la UPR desde el 15 de enero del año en curso”.

Por otra parte, el doctor Haddock señaló que es “totalmente irresponsable” la afirmación categórica de Inter News en el sentido de que no se visualiza un largo futuro para la UPR. “Esta aseveración carece de fundamento y atenta vergonzosamente contra la historia centenaria de nuestra universidad”, agregó el doctor Haddock. “Además, y contrario a lo que se indica en la publicación, la acreditación por parte de la MSCHE es evaluada y se otorga de forma individual a cada una de las unidades del sistema universitario”.

Sobre las declaraciones que presuntamente ofreció un decano a Inter News, esto ocurrió sólo a título personal y no institucional, con un obvio desconocimiento de lo que implica el proceso de acreditación y de “show cause”; temas en los que la UPR contó con la colaboración de expertos para la preparación de sus informes, pues nunca antes había enfrentado esta situación.

El presidente puntualizó que, como portavoz oficial de la Universidad de Puerto Rico, siempre ha estado disponible para aclarar cualquier información antes de ser publicada. Sin embargo, no ha recibido ninguna solicitud de Inter News Service. No es la primera vez que dicho medio publica información errónea sobre la UPR.

Finalmente, el doctor Haddock señaló que “no es sino hasta la próxima reunión de la Comisión que se conocerá la determinación de la MSCHE”. Esto será posterior la comparecencia de las unidades ante la agencia acreditadora durante una audiencia señalada para el mes de marzo. “Una vez MSCHE emita la decisión y nos autorice su divulgación, la comunicaremos de inmediato a toda la comunidad. Mientras, continuamos ofreciendo la mejor educación de calidad y excelencia que nos ha distinguido durante 115 años”, concluyó el presidente.

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Comunidad universitaria desafiará andamiaje que pretende desmantelar a la UPR

 

 

San Juan—Por más de un centenar de años, el proyecto social más importante de Puerto Rico ha cumplido con su misión –―Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad...‖- mediante la formación de profesionales de calidad para el país y para el mundo. No obstante, a causa de décadas de ineficiencias administrativas y sobre todo por los recortes presupuestarios por la Junta de Control Fiscal, la Universidad de Puerto Rico se encuentra en la etapa más crucial de su historia.

El pasado 10 de enero de 2019, la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) mediante su comunicado a las rectorías, notificaron la falta de evidencia solicitada en los informes de estados auditados e incumpliendo así con el Estándar VI: Planificación, Recursos y Mejoría Institucional. La MSCHE colocó a los once recintos en la clasificación de ―show cause‖, ante lo cual la institución deberá presentar a la agencia acreditadora, en o antes del 25 de enero de 2019, razones por las cuales no debe perder la acreditación. La razón fundamental para esta situación clasificación, es el recorte irrazonable de los fondos asignados por el Gobierno al que ha sido sometida la Universidad. La agencia acreditadora está cuestionando como la UPR podrá responder a su misión de ofrecer servicios educativos con el corte presupuestario al que está siendo sometida.

Es por esto que el liderato estudiantil, docentes y no docentes, nos hemos unido en esfuerzos para denunciar un andamiaje administrativo y político cuyo propósito es el desmantelamiento del componente más importante en el contrato social de los puertorriqueños y puertorriqueñas. La Universidad del Pueblo está en peligro de perder su acreditación, lo cual podría implicar el cierre del proyecto social más importante del país. Responsabilizamos al Gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal por colocar a la UPR bajo el peligro de desaparecer. Esto significaría exponer a los 55 mil estudiantes actuales y a los miles de estudiantes futuros a ser privados de la educación de excelencia que reciben en la UPR. Eliminaría los espacios de desarrollo económico que promueve la UPR en todos sus recintos, y tiraría a la calle a más de 10,000 empleados directos de la institución. El daño al país sería irreparable. Exigimos al Gobernador de Puerto Rico la restitución inmediata de los fondos que se le han quitado a la UPR y que enmiende su plan fiscal para detener los recortes siguientes impuestos por la Junta Fiscal del 2019 al 2023.

Exigimos una universidad con matrícula justa y accesible para todos, exenciones para aquellos cuyos talentos ponen en alto el nombre de la universidad, la conservación de un plan de retiro de beneficios definidos y el respeto a las negociaciones colectivas de los empleados universitarios. Demandamos, además, transparencia en la toma de decisiones de la universidad.

La Universidad de Puerto Rico es la sede de la cultura y el conocimiento y, como tal es el factor clave en la calidad de vida y la facultad productiva de la nación. Aspiramos a que la universidad pública continúe sirviendo al pueblo de Puerto Rico formando individuos productivos y capaces.

La Junta Fiscal y el servilismo político dan estocada a los 11 recintos

El Presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU),  Javier Córdova, expresó que la respuesta de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) al informe enviado por la Universidad de Puerto Rico es dolorosa, aunque no sorpresiva.  La agencia acreditadora lleva mucho tiempo señalando lo tardío de los informes financieros auditados que envía la UPR y amenazando en unas instancias con la congelación y en otras con la remoción de la acreditación de la UPR. Durante este tiempo la Administración de la UPR no parece haber encontrado cómo “reformar u optimizar” los procesos necesarios para que estos informes salgan a tiempo.  ¿Dónde está el problema? ¿Acaso se trata de que no tenemos una infraestructura tecnológica confiable para procesar esa información? ¿Qué pasa con los auditores que se encargan de estos procesos, cuentan con palitos? La “magia” de producir los informes auditados a tiempo parece eludir a la UPR. ¿Cómo enfrentamos esta aparente sentencia de muerte?

El presidente de la UPR, Jorge Haddock inmediatamente emitió una carta de dos párrafos calmando a las multitudes diciendo que ha impartido instrucciones a todas las rectorías en las unidades de que envíen la información que la MSCHE solicita para el 25 de enero, 2019.  El término “show cause” exige evidencia: de que la UPR tiene la estabilidad financiera para llevar a cabo los servicios educativos acreditados; sobre cómo se responderá a las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal traída por la Ley PROMESA; también evidencia mediante auditorías anuales independientes de fiabilidad financiera y manejo fiscal responsable.  Más aún, la carta le da la estocada a la UPR exigiendo un plan para asegurar transferencia de estudiantes a otras instituciones si la Institución perdiera su acreditación. Términos como gerencia financiera responsable, manejo fiscal y financiamiento adecuado aparecen mencionados en la carta múltiples veces. ¿Qué evidencia adicional piensa el Presidente Haddock que podrán enviar lo/as Rectore/as a la agencia acreditadora que no hayan enviado todavía?

El problema de fondo que existe en la UPR trasciende la tardanza de presentar los informes financieros auditados. Córdova expresó que desde que se plantearon los desmedidos recortes a la UPR, la APPU ha consignado que la estrategia de seguir exprimiendo a la Institución para que responda al recorte presupuestario impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal y avalado por el Gobernador no es la estrategia para “salvar” a la institución ni redunda en provecho al País. Desgraciadamente pasado/as Presidente/as Interino/as y el actual Presidente Haddock han asumido la agenda impartida por los miembros de la Junta de Gobierno designados por el Gobernador Ricardo Rosselló.  Se han enfocado con jugar a “explicar” como la UPR puede sobrevivir a un recorte de más de la mitad de su presupuesto, en vez de proteger y exigir que se respete la asignación de fondos que la ley le confiere a la UPR. Emplazamos al Gobernador de PR a que restituya los fondos a la UPR y a que se le asigne lo que dispone la ley universitaria.

La cobardía, el servilismo político partidista y la mediocridad son las causantes de la situación en que se encuentra la UPR con su acreditación.  Estos causantes tienen nombre: Walter Alomar, Presidente de la Junta de Gobierno, Zoraida Buxó, Vice Presidenta de la Junta de Gobierno, Jorge Haddock, Presidente de la UPR, Ricardo Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, y los miembros de la Junta de Control Fiscal, como su Presidente Carrión y su Directora Ejecutiva Jaresko. ¿Cómo se sentirá saber que sus nombres serán recordados como los que llevaron a la UPR a sus peores momentos?  ¿A qué huelga le echarán la culpa ahora?

RESOLUCIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA APPU EN DEFENSA DE LAS PENSIONES DE POR VIDA DE SU MEMBRESIA

POR CUANTO

La Universidad de Puerto Rico se comprometió con sus empleados y empleadas a pagarles determinada pensión de por vida a la que cada participante y el patrono se comprometieron aportar y pagar.

La Junta de Gobierno (anterior Junta de Síndicos, anterior Consejo de Educación Superior), también ofreció la opción de subir el monto de la pensión a recibir, pagando una cantidad de dinero adicional calculada por ellos más ocho por ciento de interés (la deuda). También ofreció la opción de cambiar de una pensión coordinada con el seguro social a una pensión no coordinada con el seguro social (plan suplementario) pagando una cantidad adicional determinada por más ocho por ciento de interés (la deuda). Gran número de docentes incurrieron en deudas de miles de dólares para acogerse a estos cambios.

Mientras los participantes hemos cumplido con las aportaciones requeridas, la Junta de Gobierno UPR no ha presupuestado las aportaciones patronales suficientes para cumplir con sus obligaciones lo que llevó a que la UPR le adeude al Fideicomiso de Retiro $1.4 billones; esta deuda fue reconocida por primera vez en el estado financiero auditado de la UPR para el año 2015.

En el 2015, también, la Junta de Gobierno UPR estableció un plan de pago para saldar la deuda al Fideicomiso en 40 años.

La Junta de Gobierno UPR no ha presupuestado el pago anual de la deuda, por lo que la UPR está en incumplimiento.

La Junta de Control Fiscal impuso una reducción dramática en las asignaciones de fondos a la Universidad pública a partir del 2017. El Gobierno de Puerto Rico, en clara violación a la política publica de financiar la UPR como universidad publica y en clara violación a la Ley 2 de 1966, accedió a reducir los fondos a la UPR.

La Junta de Gobierno UPR no le ha reclamado al Gobierno el cumplimiento de tales obligaciones, según establecido por ley.

La Junta de Control Fiscal pretende imponer el cierre del plan de beneficios definidos (pensión de por vida) y reducir las pensiones como medida de ahorro en perjuicio de los derechos de la clase trabajadora.

La Junta de Control Fiscal pretende imponer un plan de contribución definida (cuentas de ahorro individual) que no garantizan las pensiones de por vida a las que se comprometió la UPR; y que llevará al Fideicomiso de Retiro al colapso económico.

La Junta de Gobierno UPR, en clara violación a sus obligaciones con las pensiones de sus empleados y en incumplimiento con sus deberes fiduciarios con el Fideicomiso de Retiro, contrató a una compañía para reestructurar el sistema de retiro y establecer planes de contribución definida; y en clara violación a la Escritura del Fideicomiso de Retiro UPR.

La Junta de Gobierno UPR, a través de su vicepresidenta, Zoraida Buxó, se dispone a cambiar el Reglamento del Sistema de Retiro, con la intención de alterar la representatividad de la Junta de Retiro, quitarle funciones administrativas en menoscabo de las facultades que le fueron conferidas por la Ley 1 de 1966 según enmendada y por el Reglamento del Sistema de Retiro. Todo con el propósito de allanar el camino para cambiar el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR en menoscabo de los derechos de los participantes activos y jubilados.

 

POR TANTO

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) reunida en Asamblea, resuelve:

  1. Defender el derecho de su membresía a disfrutar la pensión definida de por vida a la que el patrono se comprometió y por la que el participante pagó.

  2. Defender el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR de beneficio definido de por vida, para el bienestar de sus participantes al concluir su vida laboral.

  3. Denunciar la irresponsabilidad de la Junta de Gobierno UPR para con el Fideicomiso y el grave conflicto de interés que han mostrado que les impide continuar siendo los fiduciarios del Fideicomiso.

  4. Respaldar la solicitud de la Junta de Retiro para que el Tribunal ordene transferir la fiducia a la Junta de Retiro.

  5. Llevar las acciones legales que correspondan para garantizar el derecho contractual y propietario a las pensiones que gozan nuestros representados.

  6. Llevar las acciones de divulgación y movilización necesarias para garantizar las pensiones.

  7. Coordinar con otros gremios de la Universidad de Puerto Rico para lograr el objetivo.

  8. Colaborar con los otros pensionados y empleados públicos que también están reclamando el derecho a su pensión.

 

Copia de esta Resolución será divulgada a la comunidad universitaria y al país.

Y para que así conste, la Asamblea General de la APPU en sesión extraordinaria aprueba esta Resolución en el día de hoy, miércoles 14 de noviembre de 2018 en Carolina, PR