Posición Asociación Puertorriqueña Profesores Universitarios ante Revisión del 21 octubre 2018 del Plan Fiscal UPR

 

La reducción presupuestaria a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de más del 50% de su presupuesto es un grave atentado contra uno de los servicios públicos esenciales del país: la educación pública. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), supuestamente, reconoce el “valor extraordinario” y el “importante papel” que tiene la UPR para el desarrollo económico de PR, y reconoce que la UPR debe proveer una educación accesible a todos los sectores del país, independientemente de su capacidad financiera. Sin embargo, todas las medidas impuestas a la Universidad Pública van en dirección contraria.

El Sr. Carrión reafirma que si contara con el dinero necesario mantendría el presupuesto de la UPR reafirmando su importancia y relevancia al país. En respuesta a su pregunta que de donde saldría el dinero para mantener el presupuesto de la UPR le contestamos que el presupuesto de la UPR ya tiene sus fuentes y se la están eliminando. Por ejemplo, el proyecto de las tragamonedas resultaría en una estocada adicional para la UPR a menos que se contemple la asignación de un porciento de esos recaudos para la institución.

Reiteradamente hemos establecido eliminar exenciones contributivas a grandes compañías que muy poco contribuyen a la creación de empleos o a la economía del país. La importancia de la operacionalización de cómo se utilizará el peritaje de la UPR para el desarrollo de proyectos y consultorías en el gobierno no se ve plasmada en ningún proyecto o gestión oficial. Finalmente una tarea fundamental que esta Junta de Control Fiscal no ha querido llevar a cabo, y entendemos que esto se debe en buena medida al grave conflicto de interés que tienen algunos de sus miembros, es llevar a cabo una auditoría forense independiente de la deuda con el objetivo de cancelar aquella parte de la deuda que se contrajo de manera ilegal o ilegítima, y castigar a los responsables. La mera implementación de estas dos medidas evitaría el tener que hacer recortes injustos y desmedidos a servicios esenciales que el país necesita y merece.

Nos oponemos firmemente a las siguientes medidas que se pretende imponer a la UPR:

  1. Reducción a la asignación gubernamental a la UPR. La Ley número 2 de 1966, según enmendada, dispone la asignación de fondos mediante fórmula para garantizar el acceso a la educación universitaria a la ciudadanía y para procurar la independencia académico-administrativa de la Universidad de Puerto Rico.

  2. Aumento en el costo de la matrícula el cual tendrá el efecto de:

    1. Aumentar la desigualdad social en el país, que ya es de las mayores del mundo.

    2. Reducir el número de estudiantes con posibilidades de hacer estudios universitarios.

    3. Reducir las tasas de graduación, pues los estudiantes tendrán que completar sus estudios a un ritmo más lento. Esto ya está ocurriendo con el aumento implementado este año académico, 2018-19.

  3. Reducción en beneficios al personal docente los cuales deterioran su calidad de vida, reducen su salario y tienen un impacto negativo en la economía del País.

    1. Plan médico – pretender reducir la aportación patronal de $600 a $125 tendrá un impacto devastador en las condiciones de vida de los empleados universitarios. Para muchos trabajadores, mantener su plan de salud implicará una reducción de más de 33% en sus salarios. ¡Qué fácil es imponer estas medidas a los trabajadores por quienes, siendo parte de los sectores más privilegiados, tienen sueldos de $625,000 al año, o aún mayores, pagados con el dinero de nuestras contribuciones!

    2. Exenciones de matrícula – este es un beneficio que tienen los trabajadores universitarios desde hace 66 años. Eliminarlo tiene el efecto de reducir su salario y constituye un abuso a ellos y su familia inmediata. Además, afecta a miles de estudiantes atletas y a los que dedican servicios artísticos a la UPR.

  4. Desmantelamiento del Sistema de Retiro de Beneficios Definidos

    1. Nos oponemos totalmente, al igual que todos los trabajadores universitarios, a que congelen nuestro Sistema de Retiro actual. Los estudios actuariales han demostrado que congelar el Sistema de beneficios definidos implicaría que los fondos que actualmente tiene el Sistema se acabarían en un periodo de tiempo reducido, dejando a miles de pensionados en la miseria, y dejando a miles de empleados activos sin pensiones adecuadas al momento de su jubilación.

    2. Nos oponemos a que se desplacen los empleados y empleadas a planes de contribución definida porque erosionan la base del Fideicomiso de Sistema de Retiro UPR y porque, tampoco, le aseguran una pensión definida de por vida a los trabajadores y las trabajadoras.

    3. Nos oponemos a que impongan medidas de reducción de pensiones porque esta acción violenta la obligación contractual de la UPR para con sus empleados y empleadas.

    4. Nos oponemos que reduzcan las obligaciones de pago de la Universidad de PR con el Fideicomiso del Sistema de Retiro de la UPR, obligación reconocida en la escritura de reconocimiento del Fideicomiso y en el plan de amortización de la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso establecido en el 2015.

La intervención de la JSF arriesga los logros del Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR que se ha venido fortaleciendo en los últimos años con las medidas que se han tomado. Así mismo, arriesga las pensiones actuales y futuras, en claro perjuicio al bienestar de los jubilados y jubiladas durante su vejez.

En la comunicación que entregamos a esta Junta de Control Fiscal el pasado 20 de abril de 2018 destacamos los siguientes puntos:

  1. Tanto el Gobierno de PR como esta Junta han violado la autonomía fiscal que por Ley debe tener la Universidad de Puerto Rico;

  2. La UPR no tenía una crisis fiscal y estaba pagando regularmente su deuda, y sin embargo ahora tiene una profunda crisis que amenaza seriamente su misión social y educativa debido a la reducción presupuestaria que se le impone;

  3. La UPR es la institución de educación superior de mayor calidad en el país y esto lo demuestra su productividad científica, el número de investigaciones y el número de publicaciones que genera, el éxito de sus estudiantes y egresados, entre otros factores;

  4. Comparar los costos de estudio en la UPR con los costos en los EU es un desacierto que representa completo desconocimiento de la estructura socioeconómica del país;

  5. La UPR es un motor importante de la economía de PR, y la reducción drástica en su presupuesto afectará negativamente el desarrollo económico de la isla;

  6. La práctica adoptada por el Gobierno en su Plan Fiscal de recortar la inversión en educación pública universitaria contradice el objetivo de desarrollo económico del Gobierno y de la Ley PROMESA;

  1. Los estudiantes matriculados en la UPR representan solo una cuarta parte de los jóvenes universitarios. Además, los datos demuestran que según la crisis económica empeoró, el número de estudiantes en la UPR aumentó, mientras bajó en las privadas. Esto es prueba empírica que en tiempos de crisis económica debemos fortalecer el sistema universitario público.



La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, sostiene que la UPR necesita el respaldo sólido de parte del gobierno de Puerto Rico para lograr su misión social y educativa. Sabemos que otros servicios a la ciudadanía, también, han empeorado por los recortes.

Por estas razones, hacemos un llamado a los representantes del Gobierno de Puerto Rico y de la Universidad presentes en esta sala a:

  1. Enmendar el plan fiscal impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal y hacer las asignaciones presupuestarias necesarias a la UPR y a otros servicios esenciales. Que una Ley injusta y abusiva no limite la misión social de la Universidad y la responsabilidad del Estado de asegurar el acceso del pueblo puertorriqueño a servicios esenciales.

  2. Exigir una auditoría forense independiente de la deuda.

  3. No permitir que personas con conflictos de interés real o aparente estén disponiendo del dinero público.

Finalmente, la APPU solicita a los miembros de la Junta Fiscal que participaron de crear la deuda y aquellos que los están encubriendo, a que renuncien a su puesto en la Junta de Supervisión Fiscal. Esta acción es necesaria para cumplir con una administración sana y transparente.

Reconozcamos que no solo se trata de pagar a los bonistas; nuestra gente está en riesgo.

¡Que su afán por pagar a los bonistas no acabe de destruir nuestro país!